Los sospechosos habituales han manifestado recientemente una profunda preocupación por los flujos circulares de capital en el sector de la inteligencia artificial. Cuando los fabricantes de hardware proporcionan financiación a los clientes que luego compran sus chips, los críticos advierten del riesgo de burbujas especulativas y de una demanda artificial. Sin embargo, este escepticismo es notablemente selectivo. Los mismos observadores que denuncian este tipo de acuerdos en el sector privado suelen alabar mecanismos similares cuando es el Estado quien los lleva a cabo mediante la fiscalidad y la redistribución.
Este doble rasero merece atención.
En el mercado de la infraestructura de IA, los acuerdos de financiación entre fabricantes de chips y desarrolladores han atraído un escrutinio cada vez mayor. Los críticos describen estos acuerdos como circuitos cerrados en los que los proveedores financian, en la práctica, la demanda de sus propios productos. Los titulares recientes se han centrado en acuerdos en los que los principales proveedores de servicios en la nube y fabricantes de chips invierten miles de millones en laboratorios de IA y, a continuación, registran compromisos a largo plazo para servicios informáticos o el uso de hardware. A menudo se acusa a estos acuerdos de “circulación de ingresos” o de ser “acuerdos circulares” que inflan artificialmente las métricas de crecimiento.
Pero esta interpretación no distingue entre la manipulación contable y la activación productiva de los recursos.
Cuando un fabricante concede crédito, convierte el inventario o el capital ocioso en un uso activo. El fabricante pone en riesgo su propio balance porque espera que el comprador genere valor real. Si la inversión fracasa, la corrección es localizada y severa. La pérdida recae directamente sobre los agentes participantes.
Incluso en los casos tan comentados en los que un proveedor adquiere una participación accionarial a la vez que se asegura compromisos plurianuales para su propia infraestructura en la nube o sus chips, la lógica sigue siendo la misma. Las partes se comprometen con la expectativa compartida de que la productividad futura justificará con creces el capital inicial.
Esta es precisamente la fortaleza de los mercados. El crédito privado es un mecanismo de disciplina, más que un mero motor de aceleración tecnológica. Desde el Renacimiento, las redes de crédito han permitido a los innovadores movilizar recursos más allá de su alcance inmediato. Si bien existe el riesgo de fracaso, el mercado garantiza que los errores conduzcan a la liquidación. Los inversores aprenden y el capital se destina a mejores usos.
Algo similar está ocurriendo hoy en día con la IA: las infraestructuras intensivas en capital, como los chips especializados y los centros de datos, se adelantan en el tiempo gracias al crédito de los proveedores, la financiación de riesgo y los contratos de uso a largo plazo, lo que permite a los desarrolladores experimentar hoy con capacidades que sus flujos de caja actuales por sí solos no podrían justificar.
La preocupación de que “el sistema se alimente de sí mismo” solo cobra sentido desde el punto de vista económico si se puede demostrar que las pérdidas pertinentes recaerán sobre terceros que no lo desean, en lugar de sobre los inversores y las empresas que estructuraron las operaciones.
Lo importante es que quienes asumen los riesgos también asuman las consecuencias.
Consideremos ahora el mecanismo que subyace al gasto público.
Los gobiernos recaudan recursos mediante impuestos coercitivos y contribuciones obligatorias, y luego los redistribuyen a través de subsidios y programas financiados con fondos públicos. Este proceso se describe con frecuencia como estímulo económico o inversión pública, como si el Estado creara valor simplemente haciendo circular dinero a través de sus instituciones.
Sin embargo, la crítica a la circularidad se aplica aquí con mucha mayor precisión.
El Estado grava la actividad económica para financiar programas que restan recursos a la economía productiva y luego los redistribuyen de manera ineficiente, justificando así la expansión del Estado. A diferencia de los acuerdos financieros privados, este ciclo está institucionalizado y nunca se enfrenta a la disciplina de la corrección del mercado.
La diferencia se hace más evidente al examinar la naturaleza de los recursos implicados.
En los mercados de infraestructura de IA, los proveedores poseen activos tangibles que pueden permanecer inactivos o ser desplegados de forma productiva. La financiación ayuda a canalizar esos activos hacia aplicaciones que generan innovación y crecimiento. La transacción activa recursos que antes estaban infrautilizados. Cuando un proveedor “prefinancia” efectivamente la demanda, lo que se adelanta son bienes y servicios específicos, como chips o capacidad de centros de datos, que aún no tenían un comprador al precio de mercado. El riesgo es que la demanda futura pueda no justificar el anticipo.
En el caso del gobierno, por el contrario, los recursos que se redistribuyen nunca estuvieron inactivos. Ya formaban parte de la economía productiva, generados a través del trabajo de personas y empresas que tenían sus propios planes sobre cómo utilizarlos. La fiscalidad desvía esos recursos de sus fines originales y los reasigna mediante la toma de decisiones políticas. Cuando se redistribuye el dinero, no surge ninguna nueva producción. Simplemente cambia quién lo gasta.
Sin embargo, este proceso se describe habitualmente como si fuera en sí mismo una fuente de riqueza.
El término “inversión pública” ilustra el problema. La inversión suele implicar una expectativa de rentabilidad, unos resultados cuantificables y la posibilidad de retirar el capital cuando los proyectos fracasan. En el sector público, estas condiciones rara vez se dan. Los programas suelen continuar independientemente de los resultados y, cuando resultan ineficaces, los costes los asumen los contribuyentes a través de impuestos más elevados o de una deuda pública adicional.
El contraste con la asunción de riesgos en el sector privado no podría ser más marcado.
Cuando una empresa de semiconductores concede crédito o adquiere participaciones en un cliente y calcula mal la oportunidad, pierde dinero. Los accionistas asumen las consecuencias y los directivos pueden perder sus puestos. La respuesta es inmediata e inevitable.
Cuando los gobiernos asignan mal miles de millones a través de subsidios mal diseñados o programas ineficaces, los responsables de la toma de decisiones rara vez se enfrentan a consecuencias comparables. Las pérdidas se reparten entre millones de contribuyentes, a menudo ocultas en presupuestos complejos o financiadas mediante préstamos que posponen la carga. Las “inversiones” públicas fallidas se convierten con frecuencia en argumentos para ampliar los mismos programas en lugar de ponerles fin.
En este sentido, el mecanismo que los críticos dicen temer en la economía de la IA opera en realidad de una forma mucho más devastadora dentro del estado del bienestar.
A los comentaristas les preocupa que los productores contribuyan a financiar la demanda de sus propios productos. Sin embargo, los gobiernos gravan habitualmente la actividad económica – destruyéndola – para financiar programas que justifican nuevos impuestos con el fin de “estimular la economía”. Lo que en el sector privado es una red contingente de contratos se convierte, en el sector público, en una estructura política permanente que transforma los ingresos privados en derechos sobre dichos ingresos.
Si las relaciones financieras circulares suscitan inquietudes sobre la sostenibilidad y la disciplina, esas inquietudes deberían aplicarse con mayor fuerza cuando los responsables de la toma de decisiones están aislados de las consecuencias del fracaso.
La cooperación entre agentes privados, incluso cuando está respaldada por el crédito, suele describirse como artificial o peligrosa. La redistribución llevada a cabo por el Estado se presenta como virtuosa y estabilizadora. Sin embargo, desde la perspectiva de los incentivos, la rendición de cuentas y la eficiencia productiva, la comparación apunta en la dirección opuesta.
* Tomás Lucena Barreiro es escritor y coordinador local de Students For Liberty. Es licenciado en Derecho y tiene un máster en Derecho y Gestión. Ha escrito para medios como Observador, ha organizado actos públicos en nombre del movimiento por la libertad y fue elegido por Iniciativa Liberal para formar parte de una asamblea parroquial en Lisboa. Su trabajo se centra en el liberalismo clásico, la economía, las políticas públicas y la cultura.
