Hay preguntas que una región puede postergar durante años sin advertir el costo de la postergación. La pregunta sobre cómo la arquitectura regulatoria moldea las creencias ciudadanas en torno a la nicotina —y, por esa vía, las decisiones sanitarias de millones de adultos— pertenece a esa familia. El 29 de abril de 2026, en la sede de Palermo de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), un grupo de investigadores y profesionales convocados por EcoNHealth Insights y por el Movimiento Pro-Vecino, A.C., con el respaldo de Global Action to End Smoking, se reunió a abordarla.
La inauguración estuvo a cargo de Fernando Briseño —líder del proyecto regional impulsado por EcoNHealth Insights— y de Alfredo Blousson, director de ESEADE. Quedó establecido desde la apertura el marco conceptual que articularía la jornada entera: el consumo de nicotina constituye, además de un problema sanitario, un problema económico de decisión bajo información imperfecta. Millones de personas eligen entre productos de muy distinto perfil de riesgo con datos incompletos, percepciones distorsionadas y mensajes públicos que con frecuencia agravan el problema que dicen resolver. La calidad regulatoria, vista a través de esa lente, deja de ser una cuestión de prohibir más o prohibir menos para convertirse en una cuestión más exigente: cómo informar bien.
El bloque comparado
La primera mesa de exposiciones nacionales reunió tres miradas sobre tres trayectorias regulatorias profundamente divergentes en América Latina. El economista José Antonio Márquez expuso el caso mexicano, el de un país que ha llevado la prohibición de los sistemas electrónicos hasta la propia Constitución. Horacio Miguel Arana ofreció el panorama argentino. Cerró la primera mesa el Dr. José Ignacio Hernández, de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con la experiencia chilena.
Tras el receso, el Dr. José Manuel Heredia, politólogo, retomó la conversación. La intervención de Somos Innovación tuvo lugar a continuación.
De 2117 a 2059: lo que dicen los argentinos que vapean
La presentación de Somos Innovación se concentró en aportar la voz que aún faltaba en la mesa: la de los propios argentinos que vapean. La intervención articuló los hallazgos de la encuesta nacional «Vapear en Argentina: Perfiles, Hábitos y Apoyo a Regular», levantada por Opinaia sobre 1.500 casos a nivel nacional con un margen de error de ±2,5 %, con el position paper «De 2117 a 2059: cómo la evidencia internacional puede acelerar el fin del tabaquismo en Argentina».
El título contiene los dos números que resumen el dilema entero. Si Argentina mantiene la política vigente, alcanzará el umbral libre de humo —menos del cinco por ciento de prevalencia— recién en el año 2117. Si adopta un enfoque comparable al sueco, ese horizonte se traslada a 2059. La diferencia entre ambos escenarios: cincuenta y ocho años. Cincuenta y ocho años durante los cuales, según datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), el cigarrillo combustible se cobra cuarenta y cinco mil vidas argentinas cada año. La aritmética del error es implacable.
La paradoja argentina se enuncia sin eufemismos. El país sostiene una de las posturas más restrictivas del mundo —prohibición total sobre los sistemas electrónicos, prohibición sobre el tabaco calentado, limbo regulatorio sobre las bolsas de nicotina— y, sin embargo, ostenta una prevalencia de tabaquismo del 23 % y figura en el puesto número noventa del Path to Smoke-Free Index. Más restricción, peor resultado. Y los propios usuarios perciben esa contradicción con notable claridad.
Cinco por ciento de los argentinos vapea exclusivamente: cerca de dos millones de personas, mayoritariamente entre 25 y 44 años, que en su gran mayoría dejaron atrás el cigarrillo combustible. El hallazgo político central del estudio es categórico: el 53 % apoya un marco normativo con controles y estándares —ni prohibición, ni mercado libre—. El 66 % pide expresamente estándares de calidad y seguridad. El 55 % apoya prohibir efectivamente el acceso a menores, lo que hoy, paradójicamente, no ocurre. Y el 41 % comenzó a vapear precisamente para dejar de fumar; el 38 %, para reducir el consumo de cigarrillos.
Esa percepción ciudadana coincide con la mejor evidencia científica internacional disponible. La revisión sistemática de Public Health England de 2015 estableció que el vapeo es al menos un 95 % menos dañino que fumar cigarrillos combustibles —cifra que no surgió como titular sino como conclusión técnica tras evaluar la literatura científica entonces disponible—. El rango ha sido sostenido y profundizado por dos instituciones del más alto rango sanitario británico: el Royal College of Physicians, que en su informe «Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction» de 2016 ratificó la conclusión y la actualizó en revisiones posteriores; y la Office for Health Improvement and Disparities (OHID), agencia del Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido que sucedió a Public Health England en 2021 y que publica revisiones anuales de evidencia sobre vapeo. Una década de literatura científica posterior al informe original no la ha desmentido: la ha confirmado y, en varios aspectos, refinado.
Una paradoja moral: la prohibición y los menores
Quizás la paradoja más incómoda que la encuesta argentina arroja sea ésta. Si la prohibición vigente se justifica —en buena medida— en la necesidad de proteger a los menores de edad, los datos sugieren que el régimen actual produce el efecto contrario.
El 46 % de los vapeadores argentinos percibe que acceder a estos productos resulta «fácil» o «muy fácil». El 58 % los compra a través de canales informales en línea —redes sociales, marketplaces, vendedores particulares— sin ningún tipo de verificación efectiva de edad. El 30 % los adquiere en kioscos, sin trazabilidad ni control sanitario. Y estamos hablando, conviene recordarlo, de productos formalmente prohibidos.
La consecuencia se enuncia sin rodeos: el régimen prohibicionista argentino no ha eliminado el mercado, sino que lo ha empujado a la informalidad. ¿En cuál de los dos escenarios es más probable que un menor de edad acceda a un producto sin filtros: en una farmacia o tabaquería con verificación de documento, o en una cuenta privada de redes sociales? La pregunta tiene una sola respuesta plausible. Un mercado regulado, con sistemas formales de verificación de edad y con sanciones efectivas a quienes incumplen la norma, protege a los menores mejor que un mercado negro. La prohibición que se justificó por proteger a los más jóvenes ha terminado, paradójicamente, exponiéndolos.
El costo documentado de prohibir mal
Mirar a quienes lo están haciendo bien es solo la mitad del aprendizaje; la otra mitad consiste en mirar a quienes lo están haciendo mal. Estonia restringió los sabores del vapeo y produjo un mercado negro que hoy supera la mitad del consumo total. En Países Bajos y Brasil, según la encuesta global Ipsos para We Are Innovation levantada en 2024 sobre 27.000 fumadores en 28 países, más del 80 % de los fumadores cree erróneamente que el vapeo es tan o más dañino que el cigarrillo combustible —la cifra más alta del mundo—. La percepción equivocada bloquea la transición a alternativas menos dañinas. El marco económico planteado por EcoNHealth Insights al inicio de la jornada lo había anticipado con precisión: cuando la información sanitaria que llega al consumidor se distorsiona, alguien acaba pagando ese error con su salud.
En el extremo opuesto del mapa europeo, Suecia se apresta a convertirse en el primer país de la Unión Europea en cruzar el umbral libre de humo. Su prevalencia es del 5,4 %, su mortalidad por cáncer de pulmón se sitúa un 36 % por debajo del promedio europeo, y desde la introducción masiva de las bolsas de nicotina entre 2015 y 2021, el consumo femenino de cigarrillos combustibles se redujo en un 46 %, según el Eurobarómetro 539 y Eurostat. Chequia y Grecia, partiendo de prevalencias más altas, también registraron caídas aceleradas tras adoptar marcos diferenciados por riesgo.
Chile, al otro lado de la cordillera, ofrece el espejo regional más cercano —y, precisamente por eso, también el más instructivo, porque obliga a distinguir matices—. La Ley 21.642, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2024 y plenamente vigente desde el 20 de mayo de 2025, modifica la Ley 19.419 de control del tabaco para incorporar al marco regulatorio chileno los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los Sistemas Electrónicos sin Nicotina (SESN). La normativa prohíbe la venta a menores de 18 años y dentro de los cien metros que rodean los establecimientos educacionales, restringe la publicidad y los espacios de uso, fija un límite máximo de 45 mg/ml de nicotina en los líquidos de vapeo y obliga al etiquetado completo: fabricante, ingredientes, concentración, instrucciones y contraindicaciones. Cabe, sin embargo, una precisión técnica que la honestidad intelectual exige. La ley chilena asimila los dispositivos electrónicos a productos de tabaco bajo un mismo paraguas regulatorio —línea recomendada por la Organización Mundial de la Salud—, en lugar de adoptar el modelo europeo de diferenciación por grado de riesgo relativo que el position paper de Somos Innovación propone para Argentina. La distancia conceptual entre ambos enfoques es real. Pero también lo es la distancia que separa a Chile de Argentina: Santiago, con todas sus limitaciones desde una perspectiva estricta de reducción de daños, al menos ha consolidado un mercado regulado, trazable y con verificación efectiva de edad. Buenos Aires, en contraste, sigue habitando un régimen prohibicionista que produce el efecto opuesto al que se propone.
Cinco ejes para una hoja de ruta argentina
La propuesta llevada al panel —desarrollada con todos sus fundamentos en el position paper de Somos Innovación— se articula en cinco ejes: estándares de calidad y seguridad para los productos innovadores de nicotina; restricciones de edad estrictas y verificables; política fiscal diferenciada según el grado de riesgo relativo; información transparente y basada en evidencia para que los adultos decidan con datos; y equidad en el acceso a alternativas. Este último eje merece subrayado. La prevalencia de tabaquismo en el primer quintil de ingresos en Argentina es del 24,7 %, frente al 20,3 % del quinto quintil. La prohibición no es socialmente neutra: castiga doblemente a las poblaciones de menores recursos —primero por su exposición desproporcionada al cigarrillo combustible, después por la imposibilidad de acceder a alternativas menos dañinas que el mercado formal sí ofrecería—.
La sociedad civil y el cierre técnico
Tras la intervención de Somos Innovación, la conversación se desplazó hacia las voces de la sociedad civil organizada. Marcela Madrazo, presidenta de Procurando Salud Sin Fronteras, ofreció la lectura mexicana desde una organización que ha sostenido públicamente, con notable persistencia, el debate sobre el costo regulatorio y sanitario de la prohibición constitucional vigente en su país. Cerró el bloque académico Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas. La sesión de preguntas y respuestas que siguió permitió enlazar las cinco exposiciones bajo una pregunta transversal: qué arquitectura regulatoria permite que los adultos tomen decisiones informadas sin que el Estado convierta la información en obstáculo.
El cierre técnico de la jornada estuvo reservado para el componente más distintivo del programa académico. Después de la comida, Fernando Briseño presentó los resultados del experimento causal diseñado por EcoNHealth Insights para medir el efecto de la regulación sobre las percepciones de riesgo en América Latina. El proyecto, que se desplegará en México, Argentina y Chile, promete establecer la línea de base sobre economía de la nicotina en la región. Una sesión final de preguntas y respuestas conducida por Briseño y Márquez dio cierre formal al encuentro.
El 1.er Encuentro Internacional en ESEADE deja una conclusión que excede a Argentina y se proyecta a toda Latinoamérica: la calidad de las políticas de reducción de daños depende, en última instancia, de la calidad de la información que circula sobre los productos. Allí donde la información es transparente y rigurosa, la transición ocurre. Allí donde la información se distorsiona —por prohibición, por ambigüedad, por desinformación oficial—, el cigarrillo combustible permanece. Y la gente, también.
Argentinos, a las cosas
La presentación de Somos Innovación cerró con una frase pronunciada en una sala de la Universidad Nacional de La Plata, en 1939, por José Ortega y Gasset —filósofo madrileño exiliado por la Guerra Civil española— durante la conferencia «Meditación del pueblo joven». Cuatro palabras: «Argentinos, a las cosas».
No fue una arenga. Fue, en sentido estricto, una invitación filosófica: abandonar la fascinación por las grandilocuencias retóricas y ocuparse de los problemas concretos —en su gramática, los hechos, las estructuras, las cosas mismas que componen la vida de una nación—. Aplicada al debate sanitario que esta jornada convocó, la consigna adquiere una vigencia incómoda. Hay hechos: cuarenta y cinco mil muertes anuales por combustión en Argentina, dos millones de adultos que ya hicieron la transición, un experimento causal en marcha que confirmará lo que la encuesta argentina ya sugiere. Y hay, frente a los hechos, una política pública que prefiere los discursos. Casi noventa años después, la convocatoria de Ortega permanece intacta. Y sin contestación.
Fuente: Somos Innovacion
