En 2014, Brasil presentó al mundo una idea radical: una constitución para Internet, redactada junto con la sociedad y no simplemente para ella. El Marco Civil da Internet (Marco de Derechos Civiles de Internet), firmado tras una consulta pública sin precedentes, establecía que nadie podía eliminar lo que uno escribiera en línea sin una orden judicial. Era una respuesta al poder de las plataformas. Ni el Estado ni la empresa, sino la ley – interpretada por el poder judicial, caso por caso.
Doce años después, la lógica se ha invertido. Brasil ha construido uno de los regímenes de moderación de contenidos más intervencionistas del planeta, no a través de una ley debatida en el Congreso, sino mediante sentencias judiciales, decretos presidenciales y principios extraídos de un proyecto de ley que quedó en nada antes de convertirse en ley.
El punto de inflexión fue el proyecto de ley 2630/2020, conocido como la “ley contra las noticias falsas”. Aprobado por el Senado en 2020, el texto prometía una mayor transparencia por parte de las redes sociales, medidas para combatir los bots y las cuentas falsas, y la responsabilidad por el contenido promocionado. Pero en la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de batalla. Sus defensores la veían como un escudo contra la desinformación; sus detractores la apodaron el “proyecto de ley de la censura”. Google advirtió de que la ley crearía una «entidad reguladora autónoma» capaz de comprometer la libre circulación de la información. En abril de 2024, tras años de estancamiento y una intensa presión por parte de las grandes empresas tecnológicas, el proyecto de ley quedó archivado.
El vacío legislativo no duró mucho tiempo. En junio de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró, por 8 votos contra 3, la inconstitucionalidad parcial del artículo 19 del Marco Civil – precisamente la disposición que exigía una orden judicial para la retirada de contenidos. De un solo golpe, las plataformas podían ahora ser consideradas responsables sin necesidad de una orden judicial en casos relacionados con cuentas falsas, contenidos de pago y redes de bots, con la obligación de retirar de forma inmediata los contenidos en casos de discurso de odio, terrorismo y ataques a la democracia. Los magistrados adoptaron los conceptos de “deber de diligencia” y “riesgo sistémico”, tomados de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. En mayo de 2026, dos decretos presidenciales (12 975 y 12 976) consagraron estas normas y las ampliaron a la publicidad de pago, la trazabilidad de los usuarios y la protección de las mujeres en Internet.
¿Quién Paga la Factura?
La premisa tiene su fundamento: el entorno digital ya ha demostrado que, sin contrapesos, puede utilizarse como arma contra la propia democracia. Los ataques del 8 de enero de 2023, por ejemplo, se organizaron en gran medida a través de las redes sociales. Proteger a los grupos vulnerables y el debate democrático es una función legítima de la ley.
Pero hay un precio oculto. Cuando las plataformas pueden ser sancionadas por omisión, la lógica del miedo favorece la eliminación excesiva: la crítica política, la sátira y las opiniones impopulares pueden desaparecer antes de que se realice un análisis en profundidad, porque el coste de pecar por exceso de precaución al eliminar contenido es menor que el de pecar por exceso de precaución al mantenerlo. Investigadores de la FGV advierten de que, a falta de parámetros claros que separen el discurso ilícito de la crítica legítima, el régimen corre el riesgo de ser utilizado por las élites políticas para restringir la expresión lícita. Human Rights Watch también ha manifestado su preocupación por que la judicialización de la cuestión – incluido el bloqueo a nivel nacional de X en 2024 – pueda animar a las propias plataformas a censurar contenidos por miedo.
El resultado es una inversión institucional. En lugar de normas aprobadas por la representación popular, con procedimientos claros, vías de recurso y transparencia, Brasil cuenta ahora con un régimen determinado en gran medida por la discrecionalidad de un puñado de magistrados y del Ejecutivo. En este contexto, la libertad de expresión corre el riesgo de depender menos de derechos claramente establecidos y más de quién interpreta las normas y quién supervisa su cumplimiento.
La Constitución de 1988 prohíbe el anonimato y sanciona los abusos contra la libertad de expresión, pero nunca autorizó la censura previa. La línea divisoria entre el discurso legítimo y el ilícito puede y debe trazarse con claridad. Sin embargo, el camino justo consiste en trazarla mediante una legislación clara, una supervisión democrática y el debido proceso, y no en sustituir la arbitrariedad de los algoritmos por la arbitrariedad del Estado. El debate sigue abierto, y la respuesta que dé Brasil ayudará a determinar si la próxima generación heredará un Internet libre o uno controlado.
*Juliana Antonelli es directora del Instituto Atlantos, un centro de estudios independiente y sin ánimo de lucro con sede en Porto Alegre. Es licenciada en Derecho.
Fuente: Somos Innovación
